A LAS PUERTAS DEL INFIERNO

Por Rodrigo López Oviedo

Luego de las preocupantes declaraciones concedidas a los medios de comunicación por el general Aria, lo que estamos sintiendo algunos colombianos, tal vez por cobardía, es el más puro horror, muy similar al que deben sentir aquellas almas que, como consecuencia de lo que hicieron en vida, tienen que ir a purgar sus culpas a los profundos infiernos.

Narra Dante Alighieri que en la puerta de entrada de tan siniestro lugar hay un letrero que dice: “Perded toda esperanza al traspasarme”.

Según los medios noticiosos, el general Arias anunció al país estar preparando la ejecución del “Plan B”, consistente en traspasar la puerta y retomar la zona de distensión en caso de que el acuerdo de despeje no se prorrogue. Las mismas fuentes dan a conocer que aproximadamente seis mil soldados ya se encuentran acordonando la zona.

Falta saber cuántos guerrilleros estarán disponiéndose a acordonar a los soldados, como falta saber también cuánta sangre correrá de unos y otros, y de los demás, y con qué resultados finales. Lo cierto es que, flanqueada esa entrada, lo que nos esperará a los colombianos será abandonar toda esperanza de paz, pues veremos repetidos y multiplicados los torrentes de sangre que hemos visto correr en nuestra historia, especialmente la reciente, sin que se vean coronados por el éxito los propósitos reivindicativos que pregonan los alzados en armas, y sin que los contrainsurgentes logren doblegarlos, y ni siquiera neutralizarlos, debiendo resignarse a verlos cada día en alza.

Esos vientos de guerra que están soplando inmisericordes desde los cuarteles requieren de la presencia morigerante del señor Presidente de la República, la cual no solo debe hacerse oír sino también sentir, y con urgencia. Si bien es cierto que entre la opinión pública no se conocen muy a las claras los logros alcanzados a consecuencia de los diálogos en Los Pozos –que son reconocidos en la intimidad del Gobierno, y a los cuales hace enfática alusión el Comisionado de Paz-, lo cierto es que durante el tiempo en que ellos se han realizado hemos podido respirar al menos un aire de esperanzas. Cuando entre dos malquerientes hay diálogo, se pueden atenuar las posibilidades de que se hagan daño; y si a pesar del diálogo el daño continúa, al menos se puede esperar que moderen su carácter horrendo.

Lo penoso de nuestro caso es que, no obstante los diálogos, son muchas las voces lastimeras que se quejan de las insoportables consecuencias que han tenido que sufrir a consecuencia de la violencia y que no hayan explicación al hecho de padecerlas. De hecho, no reconocen que detrás de la violencia está la pugna por el poder y que el poder es algo que compromete a todos los integrantes de la sociedad, participen o no de la confrontación política.

Ahora que esa pugna se ha llevado a la mesa de diálogos, bien vale la pena perseverar en ésta, e incluso convertirla en instrumento democrático, como se previó en un comienzo cuando se creía que mediante las audiencias públicas podía esperarse que los colombianos participáramos en el diseño de la sociedad que queremos. A evitar tal participación e impedir los acuerdos es a lo que le apuestan las derechas y su cortejo paramilitar. A tan funestos intereses termina sirviendo, tal vez sin proponérselo, mucha gente ingenua que, como el general Arias, ansían la paz para ya y a cualquier precio.

Necesitamos, entonces, que Gobierno y guerrilla vuelvan a la mesa para que sigan concertando los acuerdos de política social que conduzcan a una paz duradera. Pero antes de todo, necesitamos evitar que el ejército traspase la puerta del Caguán y aniquile toda esperanza. Esto es lo que creemos de beneficio para el país, o al menos lo que requerimos, así sea de placebo, para espantar el horror que estamos sintiendo… tal vez por cobardía.

(Publicado por El Nuevo Día el 27 de enero de 2001)

RETOS CONTRA EL DESEMPLEO

Por Rodrigo López Oviedo

A pesar de que los síntomas sociales no permitían esperar otra cosa, con algo de sorpresa recibimos los desastrosos datos del desempleo en Ibagué. No deja de conmovernos el encontrar que su tasa subío al 21,4 por ciento en diciembre 31 de un año en que, según nos lo informó el señor Presidente, la economía había comenzado a aligerar su paso. Luego de haber trasegados por los depresivos caminos de que fuimos testigos durante los últimos seis años, en los cuales dejamos abandonado un índice del 6,1 por ciento reportado en 1994, esperábamos que se comenzara a morigerar el problema, pero ocurrió lo contrario. Hoy tenemos en Ibagué 44 mil víctimas de tan horroroso flagelo, cargando a cuestas la angustia de un canasto vacío y un futuro sin esperanzas.

Pero hay que ser justos. Si es cierto que la economía está saliendo de sus crudas realidades recientes, ello no es suficiente para esperar una mejora automática del problema, y posiblemente de ninguno de los indicadores relacionados con la felicidad del ciudadano. El desempleo no cae por la simple creación de nuevos puestos de trabajo. Como lo explican muy bien quienes conocen del tema, una reactivación económica puede causar la incorporación al mercado laboral de muchas personas que antes no pertenecían a la población económicamente activa. Si esta irrupción se realiza en número superior al de los nuevos puestos, el desempleo aumentará en lugar de disminuir. Por este motivo, debemos aceptarle al Gobierno que aunque estemos viendo la luz al fin del túnel, el desempleo no disminuya.

El problema se presenta cuando la luz no se ve; o cuando se ve acompañada de fórmulas que, cual prismas divergentes, distraigan los efectos y distorsionen los resultados. Es lo que parece estarnos pasando cuando nadie le cree al Gobierno que la economía se está reactivando; o cuando los más optimistas solo le aceptan que hay una reactivación pero apenas en cierne. Lo cual se complica si a la incredulidad plena o a las creencias a medias se le suman evidencias, esas sí insoslayables, de que si algo le interesa poco al Gobierno es resolver el problema del desempleo. Muy por encima de tal preocupación, es claro que al Gobierno lo compromete el tema de la paz, y en éste lo acompañamos; pero también el del saneamiento del déficit fiscal y el de la competitividad internacional, ante los cuales guardamos distancia, no porque no sea importante resolverlos, sino porque la búsqueda de su solución carece de toda autenticidad, y más bien se avanza hacia ella –y avanzar es un decir- mediante fórmulas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, de las cuales más valdría esperar la muerte que la recuperación.

Dado el carácter explosivo que va tomando el tema, debiera ser adoptado como preocupación de todas las personas que de una forma u otra tienen que ver con él: Gobierno nacional, gremios económicos, centros de formación para el trabajo, sindicatos y empleadores en general debieran asumir su solución como tarea prioritaria y hacia ella orientar todos los esfuerzos. Pero todo ello debe partir de la redefinición del modelo económico imperante, pues el neoliberalismo ha demostrado no ser el que más conviene a la salud de los pueblos ni a la paz dentro de sus fronteras. En curso está el programa Empleo en Acción, que coordina la Red de Apoyo Social, al cual el Tolima podría sacarle buen provecho, máxime si sabemos que toda su geografía está afectada por graves problemas de violencia. El provecho dependerá de la creatividad que derrochemos en la presentación de proyectos factibles. Tal es el reto.

(Publicado por El Nuevo Día el 20 de enero de 2001)

DEFENDAMOS AL ISS

Por Rodrigo López Oviedo

Apena decirlo: La lapidaria sentencia de Abraham Lincoln, aceptada hasta hoy como definición paradigmática de lo que es la democracia –el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo-, se ha ido decolorando en nuestro país, al punto que de ella solo nos va quedando algo más que sus letras labradas en algunos mármoles. Ese desvanecimiento no es reciente. Siempre lo hemos sufrido. Sin embargo, desde el momento en que nos impusieron la incómoda visita del neoliberalismo con su agosto depredador, lo que los colombianos hemos percibido de las acciones gubernamentales ha sido un constante acto de legislar y ejecutar, no por el pueblo ni para él, sino al margen de su voluntad y en contra de sus intereses.

La democracia entre nosotros solo ha sido manifestación de una farisaica política, dirigida en esencia a proteger los intereses del capital, sin importar que el pueblo termine empujado por los despeñaderos de la miseria. El disfraz para que no se le vea el rostro a este horroroso sino no ha sido otro que el de ofrecer a sus víctimas la posibilidad de acudir como borregos a la urna electoral, eso sí, sin garantizarles que el mandato que expresan con su voto represente compromiso alguno para los elegidos.

En darle cumplimiento a sus propósitos, nuestras clases dirigentes y su gobierno han resultado incansables. A cada momento ofrecen evidencias de ese tesón infatigable, siendo las más recientes la reforma tributaria, con la cual se proletariza más a la clase media, y la singular amenaza del Ministerio de Salud con el ISS. Refirámonos a este aspecto.

Cuando creíamos que la reestructuración del ISS ya se había espantado, al menos temporalmente, explotó la bomba puesta por el Ministerio de Salud en el despacho mismo de la Presidencia del Seguro: Mediante decreto de este Ministerio, se impondrá a la entidad la obligación de contratar con terceros la prestación de por lo menos el 50 por ciento de los servicios que actualmente presta a través de sus EPS y ARS. Las consecuencias de esta medida no se pueden ocultar. Sucumbirá el Seguro como cualquier tienda a la que le quitan la mitad de sus clientes, o como sucumbiría Bavaria si obligaran a Julio Mario Santodomingo a reducir su producción cervecera a la mitad, a favor de sus competidores.

Aunque esta medida resulta inexplicable desde todo punto de vista, sorprende especialmente que se haya originado en el Ministerio de Salud. Hasta donde tenemos entendido, el ISS está adscrito al Ministerio del Trabajo, y resulta lógico esperar que entre los ministros haya, por lo menos, un atisbo de respeto a sus propias competencias.

Pero sorprende aún más que el Seguro Social sea el afectado, pues se había pactado entre Gobierno, trabajadores y directivos congelar cualquier decisión de reforma a la Entidad hasta que se produjeran entre estos actores algunas coincidencias razonablemente satisfactorias que pudieran traducirse en acuerdos firmes.

El decreto, entonces, constituirá una nueva burla contra los trabajadores; pero no solo los del ISS, a quienes debemos agradecer el esfuerzo que hacen para que la Entidad no sucumba ante los embates neoliberales, sino contra todos los trabajadores colombianos, con cuyos recursos ella se sostiene. Porque no debemos olvidar que los recursos del ISS son proveídos en su totalidad por los trabajadores: En parte a través de lo que el patrón les descuenta por nómina, y en parte mediante el sobreprecio que pagan por las mercancías que adquieren para que el empresario pueda reembolsarse lo que le ha pagado al ISS por el mal llamado aporte patronal.

El ISS es de los trabajadores y a los trabajadores corresponde su defensa.

(Publicado por El Nuevo Día el 20 de diciembre de 2000)

LA PRIVATIZACIÓN DE ISA: ¡UN NUEVO DESPOJO!

Por Rodrigo López Oviedo

Cuando se habla de “democratizar la propiedad” debiera hacerse alusión exclusiva al proceso de colocar en manos de muchos lo que está en poder de unos pocos. Entre nosotros, sin embargo, con tal figura se han confundido vulgares privatizaciones. En evidencia de lo dicho, muchas son las pruebas al canto, pero para no alargarnos, recordemos simplemente lo ocurrido a unas cuantas entidades financieras y a una que otra empresa de servicios públicos.

El turno le ha correspondido ahora a la Empresa de Interconexión Energética ISA. Esta empresa, también vinculada al mundo de las comunicaciones, mediante una inteligente campaña publicitaria, ha logrado irradiar la majestuosa imagen de una empresa pujante, como preámbulo para colocar en el mercado 300 millones de acciones, con lo cual el Estado perderá su propiedad en ella en una cuantía igual al valor de las acciones que se vendan.

Lo curioso en este caso es que la venta en mención ha merecido tan exagerados elogios que éstos parece que obedecieran a una simple continuación de la campaña mencionada, y que hubieran sido redactados en las oficinas mismas de la empresa que está en venta. El diario El Tiempo, por ejemplo, encomió lo novedoso de la venta: Ya no se trata, como en tiempos por fortuna idos, de someter a cooperativas, sindicatos y trabajadores en general a la “puja” en una bolsa de valores o en una licitación, con resultados que de antemano se saben frustrantes, sino de permitirles llegar al tranquilo ambiente de cualquier oficina bancaria, con unos cuantos pesos en el bolsillo, para dejarlos allí en pago de las acciones que puedan comprar. De esa manera se aspira, dice el editorial, a que haya “acciones para todos”, dejando el 28,6 por ciento de la empresa en manos de modestos ciudadanos y humildes fondos de pensiones y cesantías –así, en minúsculas- y haciendo realidad el aplazado sueño de democratizar la propiedad.

Aunque la empresa… perdón… el editorialista… ¡qué lapsus tan deplorable!-, reconoce frustraciones en anteriores procesos de privatización, presentados siempre por imposibilidad financiera de las cooperativas, fondos de empleados y sindicatos para competir en pié de igualdad con los grandes conglomerados económicos y consorcios internacionales, el mismo editorialista anuncia con bombo y platillos que en esta oportunidad sí se han dado las condiciones para que estas organizaciones puedan participar con éxito, contribuyendo a la edificación de un “capitalismo popular”, cuyas puertas se abren generosas merced a la “significativa democratización del mercado bursátil” que se ha logrado con la “inscripción de ISA en la bolsa de valores”.
Olvida el editorialista que el mercado bursátil nunca podrá ser democrático. Por más que allí se inscriban todas las empresas industriales y comerciales del Estado, no lo será, ya que lo que se impone allí no es el carácter popular de los agentes que participen, sino su poder de compra, aunado a la necesidad de venta de los oferentes; ante este irrefutable hecho, continuarán cojeando las organizaciones populares, que siempre serán rebasadas en sus aspiraciones por la competencia de los verdaderos dueños del país. Por eso, a la hora del balance, lo que quedará será una nueva frustración. Lo de “capitalismo popular”, “acciones para todos” y “democratización de la propiedad” no pasará de ser más que terminología distractora, mientras en ISA se consuma un nuevo despojo por parte de las oligarquías neoliberales en el poder, a favor de los Fondos de Pensiones, de Cesantías y de Conglomerados Económicos, ahora sí con mayúsculas.

(Publicado en El Nuevo Día el 8 de diciembre de 2000)

UNA LECCIÓN LLAMADA FUJIMORI

Por Rodrigo López Oviedo

Un sabor amargo ha debido quedar en boca de los antes confesos y hoy vergonzantes amantes del modelo fujimorista, al observar ahora la maltrecha imagen del caudillo, luego de su fuga y renuncia a la presidencia del hermano Perú.

Desde antes de asumir como rector de los destinos de su país, Fujimori se había convertido en una especie de caja de sorpresas. Su vertiginoso ascenso en la política hacía presagiar el advenimiento de una versión actualizada de Víctor Raúl Haya de la Torre, insigne varon que fue capaz de zarandear los cimientos partidarios de la ya, por ese entonces, anquilosada clase política latinoamericana. Ese ascenso ocurrió, sin embargo, por fuera del cauce conductor de los partidos peruanos, los cuales habían introducido prácticas tan corruptas en el manejo del Estado que, por ejemplo, terminaron convirtiendo en plata de bolsillo lo que pertenecía al erario, al tiempo que hipertrofiaron la economía con medidas que engendraron una inflación desbordada. Las esperanzas, entonces, eran muchas.

Con su ascenso al poder, los éxitos y fracasos de Fujimori comenzaron a aparecer abundantes. Tal vez el logro más sorprendente lo constituyó la drástica reducción y control de los niveles inflacionarios, que habían alcanzado el pavoroso nivel del siete mil por ciento, y, a su lado, el casi total desmantelamiento de unas organizaciones guerrilleras que parecían invencibles cuando operaban bajo la inspiración de Abimael Guzmán. Los costos de estos logros no resultaron en nada envidiables: mayor estrangulamiento de los ingresos de los trabajadores, eliminación de prácticamente todos los subsidios, apertura de fronteras a la producción extranjera, exterminio de las libertades públicas, mordaza a los medios de comunicación y, bajo la aparente liquidación de algunas organizaciones del narcotráfico, negociaciones con otras, como parece que quedará claro con las investigaciones que deberán abrirse a raíz de las declaraciones recientes del hermano de Pablo Escobar, con las cuales compromete a Fujimori y a su Carnal Montesinos.

La lección debe ser aprendida. Quienes anhelan un régimen fuerte, que no se pare en mientes para imponer lo que sea necesario con tal de gratificar con creces a los dueños del capital –propósito éste que es en últimas el fundamento de la ideología neoliberal, y que hoy parece encarnarse en nuestro país bajo la consigna de “sudor y lágrimas”-, debieran reflexionar sobre los resultados obtenidos por la dirigencia peruana en estos diez años de oprobio.

El camino que debe abrirse entre los peruanos debe ser de reconciliación: de reconciliación entre su gente; de reconciliación con su pasado que ha sido pletórico de grandezas; de reconciliación con los fundamentos democráticos que debe tener un país moderno; de reconciliación con el trabajo, al cual debe devolvérsele su reconocimiento de primacía sobre el capital; de reconciliación con los principios universales de los derechos humanos; en fin, de reconciliación con los ideales que les han sido más caros a las mentes más iluminadas del género humano y que continúan convertidos en utopías para los pueblos del mundo.

Abrirles los preliminares democráticos a estas tareas tan importantes debe ser el propósito en que se comprometan Valentín Paniagua Corazao y Javier Pérez de Cuellar, ahora presidentes de la República y del Consejo de Ministros, en su orden, en esta hora tan llena de expectativas para nuestro hermano país. Mientras tanto su empeño debe dirigirse a restablecer la institucionalidad y la confianza, en lo cual debemos acompañarlos todos con nuestros mejores deseos.

(Publicado por El Nuevo Día el 23 de noviembre de 2000)

DE LA CONGELACIÓN A LA RUPTURA: UN PASO PELIGROSO

Por Rodrigo López Oviedo

Una de las características más curiosas de nuestra realidad nacional es su infinita capacidad para generar sorpresas. El diario vivir nos viene casi siempre acompañado de ellas, tanto de las que producen alegría, como el triunfo olímpico de María Isabel Urrutia o los éxitos automovilísticos de Juan Pablo Montoya, como también de las que generan escozor o escepticismo. A estas últimas corresponde la que nos produjo el reciente anuncio de las FARC de congelar los diálogos.

La sorpresa, sin embargo, no estuvo en la declaración. El proceso de paz se ha llenado de una incredulidad tan marcada como consecuencia de todas las vicisitudes que desde un comienzo ha tenido que sortear, que en cualquier momento puede esperarse que se rompa. Afortunadamente la declaración no tiene carácter de ruptura, pero llegar a ella no ofrece muchas dificultades. Por eso se puede afirmar que el anuncio de la tal congelación no es sorpresivo. Lo que si lo ha sido es el rechazo de un coro de voces polifónicas que, cantando a capella, han alcanzado con su grito de protesta tonalidades que deben estar envidiando Carminia Gallo y Plácido Domingo.

Muchas de esas voces son las mismas que antes entonaban, con acompañamientos de guerra, plegarias al Gobierno para que pusiera fin a la zona de distensión y acabara con los diálogos, aunque para ello tuviera que acudir a legiones extranjeras, no importa que se corriera el riesgo de “vietnamizar” nuestro conflicto. Esas mismas voces hoy cambian de partitura y se escandalizan por la declaración de las FARC. En lugar de aceptar con gallardía que precisamente el rompimiento de conversaciones es lo que siempre han deseado, prorrumpen con quejas y lamentaciones, endilgándole a las FARC el estar utilizando la misma estrategia dilatoria que siempre han utilizado y que, según dicen, el Gobierno no puede seguir tolerando.

Ahora creen estar más cerca de poder colocar al Caguán junto a su corazón, y por ello aprovechan el escándalo que ellos mismos alimentan para exigir que se expulse de allí a sus incómodos inquilinos. Olvidan que la aventura de exterminio ya lleva cuarenta años con resultados de todo mundo conocidos, y que por estar comprometida en ella, el Estado ha tenido que privilegiar inversiones en fuerza pública y armamentos, desatendiendo escuelas, hospitales, vivienda, deporte y cuantos servicios sociales más se hacen necesarios para que el conjunto de la población pueda contar con el ambiente apropiado para llevar una vida digna.

Entre los críticos de ahora también hay ciudadanos de buena fe. Con ellos hay que contar, porque precisamente buena fe es la que necesitamos para balancear los pro y los contra que puedan sobrevenir a un rompimiento en las conversaciones. Y esa buena fe, debidamente alimentada con buenas intenciones, es la que debe servirnos para deslindar campos con los guerreristas de siempre y forjar un vigoroso movimiento de amigos por la paz en Colombia.

(Publicado por El Nuevo Día el 17 de noviembre de 2000)

LA AMENAZA CONTRA LAS CORTES

Por Rodrigo López Oviedo
(Publicado por El Nuevo Día el 31 de octubre de 2000)

El frontal rechazo de que vienen siendo objeto los fallos de las Cortes por parte del Gobierno, los gremios y personalidades de diversas corrientes, ha comenzado a generar el temor de que termine en unos vientos de reforma marcadamente reaccionarios que pongan en peligro la existencia de las cortes mismas, o al menos algunas de sus facultades más importantes.

Dice tan selecto coro de críticos que las cortes están olvidando los mojones que alinderan el terreno de nuestros tres poderes: El del legislativo, expidiendo leyes; el del ejecutivo, imponiendo su cumplimiento y el del jurisdiccional, sancionando los desacatos y las violaciones.

Olvidemos que desde hace tiempo el Gobierno nacional –utilizando la figura de las facultades extraordinarias- le movió los linderos legislativos al Congreso y centrémonos en lo criticado. Efectivamente, por obra y gracia de las cortes, durante los últimos años hemos sido testigos de la más frecuente revocatoria de disposiciones, tan trascendentales todas ellas, como el Plan de Desarrollo, la ley de supresión de trámites, la ley de Carrera Administrativa, el decreto de liquidación de la Caja Agraria, el gravamen del dos por mil, la fórmula del cálculo del UPAC, entre otras.

Todo ese desmoronamiento jurídico ha causado traumatismos incalculables sobre los planes del Gobierno nacional. En el caso más reciente, el de los salarios del sector público, sobre los cuales pesaba una congelación parcial que fue derogada, aún no se han hecho los cálculos de lo que vale el reajuste a pagarse, pero lo que se ha oído del propio Ministro de Hacienda es que la cancelación echará por tierra lo logrado hasta ahora en la solución del déficit fiscal, ante lo cual cabe abrir un paréntesis y preguntar: ¿Será cierta esa afirmación? Porque si ello es así, se está dando plena razón a Luis Eduardo Garzón y a muchos otros dirigentes sindicales que acusan al Gobierno nacional de querer resolver la crisis fiscal cabalgando sobre los hombros de los trabajadores, sin cobrar ningún remedio a los dueños del país, que es entre quienes están los culpables de la enfermedad.

Pero regresando al tema de la crítica aparentemente justa, debemos decir que las apariencias engañan. Porque si bien es cierto que los fallos han enredado muchos de los propósitos del Gobierno, la culpa no hay que buscarla en las cortes sino en sus hallazgos: Errores en los trámites, violaciones a disposiciones constitucionales y a leyes orgánicas e incluso motivos de inconveniencia para el país, lo cual desdice de la probidad de los autores de las normas derrumbadas.

Errores, violaciones e inconveniencias como las detectadas en la ley de congelación de salarios, que hacen pensar que su redacción se produjo con desconocimiento de los parámetros constitucionales que protegen la remuneración al trabajo, e incluso el olvido de la ley 4ª de 1992 que ordena sus reajustes anuales.

Errores, violaciones inconveniencias sobre las cuales nadie dice nada, y en cambio los causantes sí se quejan de la Corte Constitucional que en buena hora los detecta, evitando que se filtren a nuestro ordenamiento legal y conviertan el andamio jurídico en mera caricatura.
Por eso, cuando las cortes hablan, debiera asumirse un respetuoso acatamiento en bien de nuestra salud normativa, y no el bochornoso escándalo de quienes todo lo tienen. Y más que acatamiento, debiera haber una conmoción nacional de respaldo a sus fallos, sobre todo cuando se anuncian las contrarreformas de derecha para acabar con ellas o para desdibujarlas, restándoles competencias y dejando desprotegido lo que se logró conquistar en materia social mediante la constitución del 91.