LA AMENAZA CONTRA LAS CORTES

Por Rodrigo López Oviedo
(Publicado por El Nuevo Día el 31 de octubre de 2000)

El frontal rechazo de que vienen siendo objeto los fallos de las Cortes por parte del Gobierno, los gremios y personalidades de diversas corrientes, ha comenzado a generar el temor de que termine en unos vientos de reforma marcadamente reaccionarios que pongan en peligro la existencia de las cortes mismas, o al menos algunas de sus facultades más importantes.

Dice tan selecto coro de críticos que las cortes están olvidando los mojones que alinderan el terreno de nuestros tres poderes: El del legislativo, expidiendo leyes; el del ejecutivo, imponiendo su cumplimiento y el del jurisdiccional, sancionando los desacatos y las violaciones.

Olvidemos que desde hace tiempo el Gobierno nacional –utilizando la figura de las facultades extraordinarias- le movió los linderos legislativos al Congreso y centrémonos en lo criticado. Efectivamente, por obra y gracia de las cortes, durante los últimos años hemos sido testigos de la más frecuente revocatoria de disposiciones, tan trascendentales todas ellas, como el Plan de Desarrollo, la ley de supresión de trámites, la ley de Carrera Administrativa, el decreto de liquidación de la Caja Agraria, el gravamen del dos por mil, la fórmula del cálculo del UPAC, entre otras.

Todo ese desmoronamiento jurídico ha causado traumatismos incalculables sobre los planes del Gobierno nacional. En el caso más reciente, el de los salarios del sector público, sobre los cuales pesaba una congelación parcial que fue derogada, aún no se han hecho los cálculos de lo que vale el reajuste a pagarse, pero lo que se ha oído del propio Ministro de Hacienda es que la cancelación echará por tierra lo logrado hasta ahora en la solución del déficit fiscal, ante lo cual cabe abrir un paréntesis y preguntar: ¿Será cierta esa afirmación? Porque si ello es así, se está dando plena razón a Luis Eduardo Garzón y a muchos otros dirigentes sindicales que acusan al Gobierno nacional de querer resolver la crisis fiscal cabalgando sobre los hombros de los trabajadores, sin cobrar ningún remedio a los dueños del país, que es entre quienes están los culpables de la enfermedad.

Pero regresando al tema de la crítica aparentemente justa, debemos decir que las apariencias engañan. Porque si bien es cierto que los fallos han enredado muchos de los propósitos del Gobierno, la culpa no hay que buscarla en las cortes sino en sus hallazgos: Errores en los trámites, violaciones a disposiciones constitucionales y a leyes orgánicas e incluso motivos de inconveniencia para el país, lo cual desdice de la probidad de los autores de las normas derrumbadas.

Errores, violaciones e inconveniencias como las detectadas en la ley de congelación de salarios, que hacen pensar que su redacción se produjo con desconocimiento de los parámetros constitucionales que protegen la remuneración al trabajo, e incluso el olvido de la ley 4ª de 1992 que ordena sus reajustes anuales.

Errores, violaciones inconveniencias sobre las cuales nadie dice nada, y en cambio los causantes sí se quejan de la Corte Constitucional que en buena hora los detecta, evitando que se filtren a nuestro ordenamiento legal y conviertan el andamio jurídico en mera caricatura.
Por eso, cuando las cortes hablan, debiera asumirse un respetuoso acatamiento en bien de nuestra salud normativa, y no el bochornoso escándalo de quienes todo lo tienen. Y más que acatamiento, debiera haber una conmoción nacional de respaldo a sus fallos, sobre todo cuando se anuncian las contrarreformas de derecha para acabar con ellas o para desdibujarlas, restándoles competencias y dejando desprotegido lo que se logró conquistar en materia social mediante la constitución del 91.